Un móvil de “Fútbol para Todos” estaría en manos de un particular de Eldorado

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Ascenderían a por lo menos cuatro los móviles que se encontrarían circulando en Misiones, tanto en Posadas como en otras localidades, de la polémica e investigada entrega realizada desde la Nación mediante el programa “Fútbol Para Todos”.
Según pudo saber El Territorio, de los 159 camiones Iveco distribuidos en todo el país, en Misiones se sospecha la recepción de algunas unidades en empresas privadas -cuando debían ser adjudicados a organismos públicos-. Habría uno en Posadas, como también en Montecarlo y Caraguatay; y otro bajo la operación de una distribuidora en Eldorado. Llama la atención la carencia de registros oficiales ante los organismos correspondientes por parte del comercio que estaría usufructuando la citada unidad.
La jueza Federal María Romilda Servini de Cubría está investigando el destino de estos vehículos.
En medio de esa investigación, se supo -en primer término- que una unidad estaría en poder de una distribuidora de gaseosa en Eldorado y, ahora, como se consignó, pudo saberse que hay más unidades que estarían circulando por la provincia. Justamente la magistrada busca conocer el destino concreto de los camiones con los que la empresa Iveco le pagó al Estado por la publicidad realizada en la transmisión de los partidos de fútbol de los campeonatos de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), durante la gestión kirchnerista; entre 2009 y 2015.

La empresa investigada
Cabe destacar que el socio gerente de la firma distribuidora que se encuentra en la mira tendría fuertes vínculos políticos nacionales. La empresa referida estaría alquilando el terreno que utiliza como predio, donde hizo una construcción de millones de pesos. Al respecto, una ex empleada que se fue de la firma confirmó que el dueño real de la empresa sería también el esposo de una funcionaria, que ocupa un cargo nacional.
La distribuidora de gaseosas de Eldorado bajo la cual operarían los camiones de forma irregular, facturaría a nombre de otra empresa dedicado al mismo rubro.
En esa línea, de acuerdo a fuentes cercanas, quienes supervisaban la empresa serían dos hermanos, uno de ellos responsable de un organismo nacional en la provincia, y justamente era el otro el que estaría a cargo de la adjudicación de los camiones. La construcción del depósito en la Capital del Trabajo se dio mediante la gerencia de una posadeña, quien otorgó el dinero para la obra. La construcción en sí está a nombre del dueño del terreno eldoradense.
De acuerdo a las declaraciones juradas a las que El Territorio pudo acceder, la empresa tenía como actividad principal el servicio de consultores en informática y suministros de programas de informática. Además, como actividad secundaria, se dedicaba a la venta al por mayor de bebidas no alcohólicas (jugos, gaseosas, sodas, agua jarabes, extractos, concentrados y similares). Sin embargo, en una segunda declaración jurada, la empresa decide exponer como única actividad la venta al por mayor y menor de alimentos, bebidas y tabaco, además de reparación de automotores y motocicletas. Según las constancias, la distribuidora se fundó el 1º de diciembre de 2011, aunque no aparece en los registros oficiales, como debería ser.
En una modificación de las cláusulas de contrato en la empresa se aclara que el capital con que contaba la firma en 2014 era de 275 mil pesos. Teniendo en cuenta el escaso monto, surgieron dudas en los investigadores en referencia a la distribución de la gaseosa señalada y sus otras marcas de forma oficial, ya que ese capital ni siquiera alcanzaría para obtener un camión de reparto. Cabe destacar que ese año, la empresa seguía teniendo como secundaria la venta de bebidas, por sobre servicios informáticos.

La investigación
Cuando se implementó “Fútbol para Todos”, casi en exclusiva contaba con el auspicio de la empresa de camiones. A cambio de la pauta en el canal estatal, debía entregar 159 camiones Daily Furgón que serían distribuidos por el Estado nacional en reparticiones públicas.
La empresa pagó con esa cantidad de vehículos los spots por el valor de 60.200.000 de pesos, mientras que entregó 24.800.000 en billetes, en el marco de los acuerdos fijados de 2010 a 2015. En la investigación por la supuestas irregularidades no pasó desapercibida la falta de documentación sobre el destino de esos costosos vehículos.
La causa se inició en 2014 tras una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña y están imputados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina.

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