El acceso a la información pública tiene un “vacío legal” en la provincia

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La periodista Mabel Oviedo, coordinadora del Observatorio de Acceso a la Información Pública de Misiones (Obaipumi), sostuvo que la ley tiene carencias en su decreto reglamentario que deben solucionarse.

En el programa “El Foro”, Oviedo se refirió a los avances en el acceso a la información pública en Misiones, analizó los obstáculos que se presentan en  diferentes organismos y la incidencia de la sociedad civil.

También habló de las perspectivas en función de una nueva normativa nacional, teniendo en cuenta que la Cámara de Diputados se apresta a dar media sanción el jueves al proyecto enviado por el Gobierno para permitir, de una vez por todas, el acceso a la información pública, que incluye al PAMI, a los jueces federales y a las empresas privadas que prestan servicios públicos o realizan obras financiadas por el Estado, además de todos las dependencias que dependen directamente del Poder Ejecutivo.

“La ley provincial de por sí permite que se pueda pedir información pública, los organismos se toman diez días hábiles para entregar la información, pero hay un vacío legal que tiene que ver con el decreto reglamentario, que no fija ningún plazo para la derivación a los organismos de gobierno y no hay normas que por ahora los obligue”, explicó la coordinadora del Observatorio.

En ese sentido, remarcó la necesidad de acortar los plazos de acceso a la información. “Legisladores provinciales se comprometieron a presentar un proyecto para mínimamente modificar la ley en esos plazos y además ahora estamos a un paso de obtener la ley nacional de acceso a la información pública”, afirmó Oviedo.

Qué dice la Ley IV Nº 58 de acceso a la información pública

Según consigna la norma se entiende información pública como “cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales” y se garantiza su acceso ya que “es el derecho de participación ciudadana por el cual toda persona física o jurídica… solicita y recibe información completa, adecuada, oportuna y veraz”.

“Garantizar la transparencia de la administración pública y de los sujetos obligados”; “facilitar el ejercicio de derecho de toda persona a proveerse libremente de información pública” y “promover una efectiva participación ciudadana”; son los objetivos que figuran en la Ley.

Asimismo, la Ley contempla ciertas limitaciones al pedido de información ya que no se brindará información cuando se trate de “datos personales de carácter sensible” o de “bases de datos de domicilio teléfonos particulares”.

Lo mismo sucederá, entre otras, con informaciones protegidas por el “secreto bancario o fiscal” y el “secreto profesional” o informaciones que tengan que ver con causas en las que “el estado del proceso judicial sea declarado de contenido reservado”.

Ahora bien, el proceso de solicitud de información pública contempla la presentación “por escrito” con todos los datos del requirente y aclara que “no puede exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria”. Todo el proceso es gratuito aunque “los costos de reproducción son a cargo del solicitante”.

En cuanto a la respuesta de los requerimientos, los organismos contarán con 10 días hábiles para proporcionar la información y tendrá la posibilidad de una prórroga de 10 días más donde deberá fundar las razones de la misma.

Aunque en caso de que de denegase el pedido este deber ser “dispuesta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a Director General, en forma fundada”; en tanto que el “silencio” del organismo “es considerada como negativa y deja habilitada la vía judicial.

En referencia a la vía judicial la ley contempla para ello el fuero civil y comercial de la jurisdicción a la que pertenezca el solicitante. Asimismo, el funcionario que en forma “arbitraria obstruya el acceso del solicitante” a la información es considerado por la ley “incurso en falta grave” y se podrá pedir la intervención de la justicia penal.

fuente: misionescuatro

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