Aceptan pedido de juicio político a Dilma

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Río de Janeiro, Brasilia. El titular de la Cámara de Diputados de Brasil aceptó ayer un pedido de juicio político a la presidenta, Dilma Rousseff, quien recibió “con indignación” la decisión de motorizar el 
 impeachment.

El diputado Eduardo Cunha, convertido en acérrimo enemigo político de la mandataria, dijo que el proceso que resolvió impulsar se debe a que la mandataria violó leyes de responsabilidad fiscal.

“Hubo mucha reflexión de mi parte”, expresó Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que integra la coalición oficialista, en rueda de prensa. “Pero en ningún otro mandato se habían recibido tantos pedidos para impugnar a un presidente”.

La imagen de Rousseff se ha visto dañada debido al enorme escándalo de corrupción en torno de la estatal Petrobras. Sin embargo, la mandataria negó que la apertura del proceso de juicio política tuviera algún fundamento legal.

“Recibí con indignación la decisión del señor presidente de la Cámara de Diputados de procesar un juicio político contra un mandato que el pueblo brasileño me otorgó democráticamente”, expresó Rousseff. “Son inconsistentes e improcedentes las razones que fundamentan esta solicitud. No practiqué ningún acto ilícito”.

El procedimiento pasaría ahora a una comisión especial que sería integrada con diputados de todos los partidos de manera proporcional. No se ha definido una fecha para ello.

Dos tercios o 342 diputados de la Cámara, conformada por 513 congresistas, tendrían que aprobar el procedimiento de impeachment para que este pase al Senado.

Analistas políticos dicen que hasta ahora no se cree que la medida cuente con el apoyo de los dos tercios necesarios para separar a Rousseff del cargo temporalmente. Si se llegara a ese punto, la decisión tendría que ser también aprobada en el senado por 54 de los 81 miembros para tener validez permanente. El procedimiento podría llevar meses.

“No hay tantas posibilidades de destituir a la presidenta Rousseff como dicen los políticos hasta el momento, a pesar de la decisión atrevida de Cunha”, opinó Luciano Dias, consultor de la compañía Análisis Político, con sede en Brasilia.

Rousseff inició su segundo mandato el 1° de enero pasado tras una ajustada reelección. Su popularidad se desplomó con las revelaciones de la “Operación Lava Jato”, un caso de corrupción que implica a multimillonarios, ejecutivos de Petrobras y a decenas de políticos de distinto signo.

Manifestaciones en el país exigieron meses atrás un juicio político contra la presidenta, aunque Rousseff no ha sido implicada personalmente en esta trama de corrupción.

El diputado Cunha, en cambio, enfrenta cargos de corrupción en la Suprema Corte por aceptar millones de reales en sobornos. El poderoso diputado figura a diario en portadas de medios nacionales, ya sea por declaraciones polémicas o por revelaciones de documentos que muestran que tenía cinco millones de dólares escondidos en cuentas bancarias en Suiza.

¿Una venganza?

Algunos congresistas y analistas políticos señalaron que la movida de Cunha de ayer es una venganza tras revelarse información de que el partido oficialista votaría a favor de que una comisión de ética investigue y posiblemente expulse al diputado fuera de la Cámara por las acusaciones de corrupción.

También ayer, miembros del Partido de los Trabajadores salieron a defender a Rousseff y anticiparon que presentarán un recurso ante la Suprema Corte para que la decisión de Cunha pierda validez. “Cunha recurrió al nivel más bajo de chantaje que un país puede ver,” expresó el senador Humberto Costa, del partido oficialista.

El argumento principal planteado por los que piden el juicio político es que Rousseff violó la ley de responsabilidad fiscal mediante el uso de fondos de bancos estatales cada vez que había se quedaba sin presupuesto, según un fallo del tribunal federal de Brasil en octubre. Sin embargo, expertos señalan que no es posible iniciar juicio político por una violación cometida en un mandato anterior, una discusión que tendría que resolver la Suprema Corte, en caso de que llegue a proceder.

Pasos de un complejo proceso

1. Los pedidos de impeachment son presentados en la Cámara de Diputados por cualquier ciudadano. Deben contener una acusación de crimen de responsabilidad contra el presidente de la República.

2. El presidente de la Cámara puede aceptar o rechazar el pedido.

3. En caso de que el presidente acepte el pedido o en la hipótesis de que el plenario, por mayoría simple, resuelva dar curso a la denuncia, se crea una comisión especial, elegida por el plenario.

4. La comisión especial abre plazo para la defensa del presidente.

5. La comisión especial elabora un dictamen para ser sometido a consideración de la Cámara. Se requieren 342 votos a favor (dos tercios del cuerpo) en votación abierta para que el dictamen sea aprobado y el proceso continúe.

6. Si la Cámara lo aprueba, queda abierto el proceso de

impeachment.

7. El presidente es apartado de su cargo por 180 días.

8. El proceso pasa al Senado. Quien preside el juicio en el Senado es el titular del Supremo Tribunal Federal. Durante el apartamiento del cargo del presidente, asume interinamente su vice. El impeachment será aprobado en el Senado si la iniciativa tiene apoyo de dos tercios de sus miembros, es decir 54 votos. En ese caso, el presidente sería condenado y perdería su mandato. Además, sufriría la pérdida de derechos políticos por ocho años.

fuente: lavoz

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