Las cooperativas, un misterio para el Gobierno

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El sector volvió a tomar las calles ante la amenaza de cierre por los sobrecostos extraordinarios. El Gobierno oscila entre la represión, el silencio y las concesiones de a una. El problema de un movimiento que simplemente no existe para los macristas.

Alguien cuenta que el lunes, una camioneta de Edesur llegó a la esquina de la recuperada con una orden de corte. Pero había un trabajador haciendo guardia y antes que pudieran hacer nada, la cuadrilla se vio frente a un grupo que se le plantó. Desde entonces, la camioneta no volvió a aparecer. Lo mismo ya pasó en otros dos o tres lugares.

Lo cuentan a Página/12 el miércoles, mientras en la Nueve de Julio diez mil trabajadores de empresas autogestionadas y cooperativas de construcción de viviendas bloquean varios carriles de la avenida. La protesta termina sin gases ni palos –como sí pasó en un reclamo por la recuperada RB, donde hubo quince detenidos– y con un saldo a favor: los manifestantes logran que funcionarios de tres ministerios les den audiencia.

Los trabajadores de fábricas recuperadas y de las cooperativas del plan Argentina Trabaja están sufriendo una ofensiva que combina ingredientes pesados: ausencia de políticas públicas, guiños de Cambiemos a que el sector privado avance sobre las experiencias de autogestión, el tarifazo, baja del consumo interno y parate de la obra pública. Pero también están dando su respuesta con mayor conflictividad, con la presentación de reclamos judiciales, reclamos en la calle, tomas y encarando nuevas alianzas como forma de potenciarse.
Impagable

Cueroflex, en el municipio de San Martín, ilustra la desproporción en el aumento de los servicios. A la recuperada -son ochenta trabajadores que hacen cuero reciclado- les está llegando la factura de la luz con un 440 por ciento de aumento. Pasaron de cobrarles 58 mil pesos en febrero, a 320 mil mensuales.

“Nosotros no fuimos los que corrimos a la cuadrilla”, aclara Jorge Reischa Página/12, “pero es verdad que esta semana estuvimos a esto de que nos dejaran sin luz. En mayo juntamos la plata como pudimos, entre todos. En junio no hubo forma. El 30 vencía la boleta, no la pagamos. Nos mandaron la intimación aunque en San Martín se había dictado ya un amparo frenando el aumento, pero llamábamos a Edenor y nos dijeron que no, que ellos nos cortaban igual. El lunes, desesperado, ubiqué al abogado que hizo el amparo. Nos dijo que nos acompañaba a presentar una denuncia por incumplimiento del fallo judicial. Y ahí Edenor aflojó”. Jorge ofrece el nombre de otra cooperativa: cree que ellos son los que corrieron a la cuadrilla.

Antes hay que hablar con Eduardo Murúa. El histórico referente del sector fue uno de los presos de la protesta de RB. Su segunda detención en el año: el 24 de marzo ya había terminado en una seccional cuando intentó entregarle un petitorio al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de visita en la Argentina.

“No, a nosotros no nos llegaron a mandar la cuadrilla”, dice Murúa. En realidad, en el MNER se anticiparon. Ante el aumento, y luego de realizar gestiones y pedidos de audiencia por ventanilla, Murúa junto a otros trabajadores del Frente de Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, el 21 de abril tomó el hall del ministerio de Energía.

Los recibió uno de los directores del área. El ministro Juan José Aranguren no estaba en el país. “En esa reunión les planteamos dónde nos puso el gobierno a partir del ajuste, la recesión más el tarifazo. Nos pedían 48 horas para resolver. Les dijimos que de ahí no nos movíamos. ‘O se van o está la posibilidad de que terminen presos’, nos dicen. ‘Bueno, no tenemos ningún problema: llévennos presos’”. La toma se extendió por ocho horas, hasta que el ministerio les ofreció que pagaran el 50 por ciento de las boletas. Una solución acotada para las cooperativas presentes. Es decir, tuvieron que confeccionar un listado.

El resto –son unas 400 en el país, organizadas en varios agrupamientos– quedó afuera. El miércoles, manifestantes de FACTA cortaron la Nueve de julio. Les ofrecieron el mismo esquema. “Querían que firmáramos un acta acuerdo, pero no nos pareció, porque no hay un cambio en la tarifa. Y al mismo tiempo nos decían que no tienen la potestad de impedir los cortes, sólo de cursar una nota al ENRE”, señaló Federico Tonarelli, del Hotel Bauen.

Quedó el compromiso de que no tendrán cortes por diez días, mientras se define qué ministerio pondrá los fondos para cubrir el cincuenta por ciento restante. Para el lunes está pautada una reunión con Energía y Desarrollo Social, que abrirían una línea ad hoc de subsidios.
Guiños

El conflicto por la recuperada RB, al igual que otro en el frigorífico Sadowa, muestra una voluntad del macrismo de habilitar el avance del sector privado sobre el autogestivo. Frigore (ex Sadowa) es una recuperada marplatense. El período de cinco años fijado para concretar su expropiación está por vencer, y como el Poder Ejecutivo no la concretó, la diputada Alicia Sánchez, esposa del dirigente de la FTV Luis D’Elía, presentó un proyecto de ley para prorrogarla. Diputados lo aprobó, pero al llegar al Senado el presidente de Cambiemos adujo que hay un empresario que garantizará los puestos de trabajo. La cámara alta decidió quitarle el frigorífico a la cooperativa.

La empresa oferente es Siper SA, que se dedica a la construcción y en 2011 las 53 hectáreas del predio, el edificio y las máquinas en un remate judicial por apenas seis millones de pesos: el remate se había abierto con una base de 40. Esto generó muchas sospechas y terminó de convencer a los legisladores para que avanzaran en la expropiación a favor de la cooperativa de trabajadores. La ley decía que la cooperativa usaría las diez hectáreas donde está el frigorífico y el terreno restante fue adjudicado al fisco para levantar viviendas sociales.

Los trabajadores denuncian que el proyecto de Siper es construir un country. “La cooperativa demostró que el frigorífico es viable. Cerró el balance anual en 128 millones”, señalan en Facta. “Con los empresarios hay trabajo para dos años y después cierran. No van a dejar un frigorífico al lado de viviendas de lujo”.

El jefe del bloque de Cambiemos Roberto Costa defendió lo votado con una argumentación muy PRO. Consultado por el diario La Capital sobre el bajísimo precio que la empresa pagó por el predio, dijo que “se debería haber hecho la denuncia en su momento”. También sostuvo que la gobernación no puede sostener la expropiación porque “es una propiedad que vale mucha plata y la Provincia para qué la iba a usar”. Le recordaron que para viviendas sociales. “Pero para eso hay que tener plata y en la Provincia apenas estamos pagando los sueldos”.

La situación de RB –una recuperada que fabrica instrumentos de medición para la industria– tiene puntos en común. En este caso, la fábrica fue desalojada no en favor de sus antiguos dueños, sino de un acreedor hipotecario. “Es un empresario que compró una parte de la acreencia en el 2002, cuando ya sabía que se había formado una cooperativa”, señaló Ricardo Perea, de la recuperada. Para desalojarlos, la jueza Paula Hualde declaró abstracta la ley de expropiación. Los trabajadores fueron desalojado con la policía y las máquinas compradas por ellos quedaron adentro.
Sumar fuerzas

¿Qué importancia tiene si echaron o no la cuadrilla? ¿Qué valor tiene cuando, como integrantes de la multisectorial contra el tarifazo, las recuperadas están presentado amparos que pueden frenar los cortes no en una, sino en todas la fábricas y en todos los hogares?

En Chilavert no están ubicables. Dicen que a ellos la cuadrilla les llegó esta semana, pero no es posible confirmarlo. Como sea, en tiempos difíciles se trata de sumar fuerzas. La alianza de trabajadores de recuperadas con las cooperativas de construcción de vivienda le permitió a Facta y la CNCT, por ejemplo, armar una manifestación masiva. “Hay un búsqueda de ampliar el reclamo y unificarlo con otros sectores”, dice Tonarelli. “Estamos trabajando junto con las Pymes y con los clubes de barrios, con los que antes no teníamos puntos de contacto. Lo que nos empezó a unificar fue el tarifazo: armamos multisectoriales en cada distrito en las que estamos nosotros, ellos, las agrupaciones de defensa de usuarios y consumidores, los gremios de la CTA de los Argentinos. El común denominador es el tarifazo, pero detrás hay una serie de otros reclamos”.

El MNER está coordinando muchas de sus acciones con la CTEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (que esta semana, junto a Barrios de Pie, armó ollas populares en cien esquinas y plazas porteñas). “Nosotros tenemos relación con todas las organizaciones sociales, porque siempre estuvimos vinculados, apoyando todos los reclamos”, dice Murúa, “pero a partir de la llegada de este gobierno estamos tratando de vincularnos con el conjunto del movimiento obrero para definir medias de luchas más concretas. Más duras, porque nos pusieron una bomba de tiempo entre recesión, inflación más tarifas y va a ser muy difícil de resolver”.

Un recuperado porteño bien enterado es el que da el dato que sirve. “La cuadrilla le llegó a los compañeros de tal lugar”, informa. ¿Fue el lunes? “Sí”. ¿Y le impidieron que cortaran? Sí, contesta, aunque se lo oye con poco énfasis, y apunta que “también le pasaron 300 pesos a los muchachos”. Solidario, hace un contacto con los afectados, que confirman los hechos punto por punto.

“Nos llegó la factura y a los cinco días vino el aviso de corte, nunca nos había pasado esto. Si alguna vez nos atrasamos con el pago había un plazo, ponele de un mes. Pero ahora no sólo nos llegó la factura con la imposibilidad de pagarla sino que a los cinco días viene el aviso de corte. La verdad, teníamos que salir a pararlos como fuera, porque sino nos dejaban sin trabajar”, dice el consultado desde una recuperada del sur porteño. “Cuando la cuadrilla se fue, volvimos a llamar a los funcionarios de Energía con los que veníamos hablando. Nos atiende un funcionario de tercera línea, que hace todo lo posible, pero que no está habilitado para resolver. Es decir que hasta la marcha del miércoles, no teníamos una salida”.

Ese día los manifestantes se repartieron para entrar a las audiencias. Facta, que nuclea a recuperadas, fue a Trabajo y Energía, y la CNCT, de cooperativas la construcción, a Obras Públicas. “‘No había necesidad de hacer una movilización’”, cuenta que se quejó el funcionario que los atendió en esta última repartición Christian Miño, titular de la CNCT. “¿Cómo que no? ¡No nos quedó otra, si hace meses les estamos pidiendo que nos reciban…!”
Futuros

Presentados ante la justicia hay una serie de pedidos de amparo en curso. Con el que está vigente para el gas, esas boletas no se están pagando Y “dejaron momentáneamente de ser un problema”, señala Tonarelli. Quedan la luz y el agua. “Mientras esto no se resuelva políticamente, las facturas siguen llegando. Vamos a terminar a las trompadas. A nosotros, ayer al Bauen nos llegó el aviso de corte de agua por más de medio millón de pesos”.

Si bien en el ministerio de Energía mantienen una postura de no retroceder, las manifestaciones –su sucesión, cierta acumulación de fuerza que expresan– van horadando la dureza oficial. Obligan al gobierno a retirar del escenario la represión y dar algo. Por ejemplo, el ministerio de Trabajo está otorgando subsidios de complementación de ingresos. El programa Línea 1 otorga 3100 pesos a cada trabajador de las recuperadas, fue renovado por un año más a las cooperativas que habían cumplido los 24 meses pautados inicialmente como máximo del apoyo. Desarrollo Social, por su parte, informó este viernes a las organizaciones sociales que dará un aumento en el Programa Argentina Trabaja.

¿Tienen fecha de caducidad el conflicto de las cooperativas de trabajo y recuperadas con Cambiemos?

“El gobierno no tiene una política para el sector de las cooperativas de trabajo”, dice Miño. “Yo creo que incluso las movilizaciones como la del miércoles le resultó una sorpresa. A la política para las cooperativas la vamos a tener que inventar nosotros y presionar para que la metan en su agenda. Vamos a tener que forzar esa situación si queremos sobrevivir”.

Murúa no cree “que a partir de ahora se vuelva imposible recuperar otras empresas, porque nosotros lo hicimos en un marco como este, en 1998, cuando no teníamos nada a nuestro favor. Pero va a ser un esfuerzo mayor recuperarlas y también sostenerlas. Pero estoy seguro de que va a haber nuevas: este es un método de lucha que ya está en la cultura de la clase trabajadora. Y, lamentablemente, ya sabemos que hay compañeros que van a quedar desempleados y sin cobrar siquiera una indemnización. Seguramente muchas empresas se van a recuperar en la crisis que viene”.De hecho, en La Matanza hay dos en ese camino, Germaiz y Agroindustrias Madero, aceiteras.

Recuperadas y cooperativas de trabajo tienen una identidad vital. Durante mucho tiempo pueden no verse, porque no hacen ostentación, están más metidas en sus propios problemas que en la calle. Pero cada tanto reaparecen en el centro de la escena, llaman la atención brevemente, con un conflicto ígneo. Entonces las vemos hacer gestos que sorprenden. Son la historia del que, puesto contra la pared, defiende su derecho a existir, a no perderlo todo. Lo hace como puede y recurriendo a lo que tiene a mano, pero lo hace. Y eso es siempre fascinante.

fuente: Laura Vales – Página12

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